Ley, derecho y justicia: cómo promueven la solidaridad o perpetúan la cultura del descarte
Continúan los conversatorios de la III Certificación en Responsabilidad Pública y Gobernanza sobre este tema.
La marginación y cómo cada vez se hace mayor en la sociedad ese grupo de marginados, así como la búsqueda para lograr un sistema judicial que provea un trato digno y humano a todas las personas fueron el eje del encuentro que forma parte de la III Certificación en Responsabilidad Pública y Gobernanza. El quinto conversatorio de la certificación presentó el tema Ley, derecho y justicia: cómo promueven la solidaridad o perpetúan la cultura del descarte con la participación de la Hon. María del Carmen Berríos, jueza del Drug Court y Sonia Vélez Colón, exjueza del Tribunal Apelativo.
La jueza Berríos explicó que el programa Drug Court busca lograr la reinserción a la comunidad de personas adictas que hayan cometido delitos. “Buscamos la reinserción a la comunidad de este grupo de personas que han cometido delitos por el único hecho de ser adictos. Tenemos que ver la adicción como una enfermedad triste donde la voluntad se pierde” expresó. Para entrar a este programa, estas personas reconocen que tienen una adicción, registran una alegación de culpabilidad y aceptan entrar a un programa de desvío como son las cortes de drogas. “Una vez se dictamina una resolución, se detiene el procedimiento criminal y se establece un margen de tiempo que esa persona tiene que cumplir con las condiciones que imponga el tribunal y es entonces que comienza con su proceso de rehabilitación. En este proceso, el juez tiene una función protagónica. Ese proceso de justicia terapéutica hace que el juez se convierta en un agente terapéutico, permite que ese juez sea un agente de cambio y que pueda motivar a esas personas en ese proceso de rehabilitación. Parte de la misión y el éxito de las cortes de drogas es precisamente “darle rostro” a esas personas que padecen de la enfermedad de la adicción y hacerlos ver que son personas como cualquiera de nosotros que están en un proceso de rehabilitación. ¿Qué diferencia hay entre un asmático y un adicto? Es una enfermedad y ambos necesitan tratamiento. El tener empatía con estas personas y sus necesidades es lo que nos permite poder ayudar en el proceso de rehabilitación” indicó Berríos.
Por su parte la Lcda. Sonia Vélez sostuvo “El derecho siempre requiere del otro para convertirse en realidad tangible; busca en la ley su propósito y finalidad. Este no es otro que, a través de la norma jurídica que regula el comportamiento social, alcanzar el bien común. Persigue conseguir la riqueza del conglomerado humano. Y lo hace por medio del reconocimiento de que la dignidad del ser humano es inviolable y es el fundamento y base de la convivencia. El respeto, el honor, la honra, la valía, la virtud y el mérito de cada miembro de la sociedad tiene que ser, obligatoriamente, protegido. Por lo tanto, vida, libertad, justicia y equidad como valores fundamentales del existir; salud, vivienda, educación, trabajo y seguridad, como elementos de la paz social y felicidad no deben estar cuestionados, ni pueden ser para unos y no para otros. En ese sentido resulta altamente aleccionador, edificante y confortante ver cómo se confunden, en perfecta armonía, la finalidad del derecho con la Doctrina Social de la Iglesia, que no es otra que lograr ese bienestar común”.
En esa línea la licenciada añadió “para ello es indispensable responder al llamado de la solidaridad que se traduce en la imperiosa necesidad de la buena interdependencia. individual y colectiva; auxilio en la necesidad, que pueda superar, incluso destruir, estructuras que generen abuso, discriminación, marginalidad y explotación. Solo con la conciencia de podernos identificar con el otro lograremos erradicar y dejar de consentir el que ese otro viva a la orilla del camino, marginado, vulnerable o descartado.”
Mientras el Lcdo. Fernando Moreno, decano de la Escuela de Derecho y moderador del evento instó a hacer introspección sobre esos factores que incitan a marginar a las personas. “Al analizar la cultura del descarte, debemos evaluar cada una de nuestras instancias personales, familiares, sociales, gubernamentales y económicas para entender a quiénes se marginan y por qué . Por tanto, es labor y responsabilidad de los operadores del derecho velar porque el sistema judicial de Puerto Rico provea un trato digno y humano a todas las personas, independientemente de la razón por la que enfrenten un proceso. Si bien nadie debe estar por encima de la ley, no es menos cierto que, por esa razón, los procedimientos se deshumanicen y terminen negando los mismos principios básicos por los que fueron adoptados” manifestó Moreno.
La serie de encuentros de la III Certificación en Responsabilidad Pública y Gobernanza continúa el martes 2 de noviembre con el tema El papel y la estrategia de la exclusión en la cultura de descarte