Defendiendo la dignidad los niños y niñas de educación especial

La Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico colaboró activamente con el equipo de abogados  que representa al estudiantado de educación especial en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación. 

De acuerdo con el director de la Clínica de Asistencia Legal, licenciado Fernando Pacheco, se convocó a una serie de asambleas que se llevan a cabo durante los meses de abril y mayo alrededor de la Isla.  “Este pleito se instó desde 1980 por Rosa Lydia Vélez, quien es la madre de Isamar Malaret Vélez, una niña que nació con condiciones de salud que requerían una educación especial. Este caso es la piedra angular que ha obligado al Departamento de Educación a respetar la dignidad de todos aquellos niños y niñas que tienen unas necesidades educativas especiales. Este caso tiene una fase para compensar, de alguna manera, los daños sufridos por décadas, por estas familias con estudiantes de educación especial. Ese proceso fue paralizado en virtud de la Ley Promesa en el 2017. En los últimos meses los representantes legales de la Junta de Supervisión Fiscal se acercaron para discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo. Se han estado impulsando soluciones que garanticen una compensación justa, para las familias reclamantes. Sin embargo, no hubo avances y el Tribunal de Quiebras autorizó el procedimiento de notificación de la oferta de la JSAF, que entendemos no es justo ni correcto. El propósito de estas asambleas es ofrecer una orientación completa de la propuesta de transacción de JSAF para que las familias reclamantes, puedan tomar una decisión informada”, explicó el letrado.

De hecho, aclaró que la JSF propone a las familias reclamantes un pago de $25,000 por hogar o unidad familiar, cantidad se reducirá por el plan de ajuste de la deuda, que en estos momentos propone pagar, 20.4% de la cantidad de la oferta de $25,000. “Esto significa que, la familia o la unidad familiar solamente recibirá $5,100. Además, el Tribunal de Quiebras ha dispuesto que las personas reclamantes deben informar su determinación en o antes del 3 de junio de 2025. Es importante enfatizar que estas familias y niños (hoy en día muchas ya son adultos) han sufrido por décadas la falta de ayudas y herramientas que por derecho le corresponden”, dijo.

Ante esto, la Clínica de Asistencia Legal, con un grupo de estudiantes de Derecho probonistas, formaron parte de la orientación de ente proceso en la PUCPR.  “Allí ayudaron en la logística, preparación y enriquecieron su desarrollo profesional. Como Pioneros estuvimos y estamos disponibles para seguir colaborando en todas aquellas causas donde se afecten los más pobres…los descartados por la sociedad. El llamado a nuestro pueblo es a seguirse educando en sus derechos, para poder reclamarlos con ímpetu. Y no están solos, cuentan con una Universidad, la Pontificia, que está disponible para acompañar y ayudar a sanar las heridas que sufre nuestra sociedad”, resaltó Pacheco.