El COVID-19 y la política económica en Puerto Rico
Leandro A. Colón Alicea
economista y vicepresidente de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
En el ámbito de la política económica, existen diversas herramientas para enfrentar situaciones de crisis como la actual. Si cae el gasto de los consumidores, las empresas o el resto del mundo tienden a bajar la producción y a aumentar el desempleo. En ese caso, los gobiernos que tengan esas herramientas a la mano podrán utilizar medidas fiscales (como bajar los impuestos), medidas monetarias (como manipular las tasas de interés) o alterar la tasa de intercambio para estimular las exportaciones.
Cuando, por el contrario, cae la producción de las empresas, pueden adoptarse medidas que estimulen al sector empresarial. Por su condición política, Puerto Rico tiene un acceso limitado a estas opciones de política económica. Más aún, la efectividad de aquellas que pueda implantar enfrenta un serio problema.
La economía puede verse como un flujo circular muy sencillo en el que las empresas producen con la mano de obra que les proveen las familias, y estas consumen los productos de las empresas utilizando los salarios que reciben. Cuando entra a escena el gobierno y el resto del mundo, este esquema se complica. En el caso de Puerto Rico, de hecho, más del 90% de lo que consumen las familias proviene del exterior. En esencia, sin embargo, la dinámica es la misma. Una pandemia rompe ese flujo circular pues la economía se afecta, tanto por el lado del gasto (demanda), como de la producción (oferta). Al quedar gente desempleada, bajan sus ingresos y su consumo. Cuando las empresas tienen que reducir o detener sus operaciones, baja la producción. Aunque recibas más ingreso, ¿dónde lo vas a gastar si los restaurantes, cines, hoteles, etc. están cerrados? Si tienes un negocio, aunque recibas un subsidio del gobierno, ¿a quién le vas a vender? Así como destruye órganos vitales del cuerpo humano, este virus rompe eslabones vitales del flujo circular de la economía lo que representa un verdadero reto para la política económica. Poner ingresos en manos de la gente no va a generar más consumo y los incentivos a las empresas no van a generar más producción. Tal vez a esto responda el planteamiento reciente del colega José Caraballo Cueto a los efectos de eliminar el incentivo de $1,500 a las pequeñas empresas y, a cambio, darles un mes de ventas exentas del IVU una vez comiencen a operar. En este sentido, las medidas adoptadas por la Gobernadora son un pequeño paliativo ante el fuerte impacto de esta pandemia.
Si continuamos en la fase creciente de la famosa curva, continuará afectándose la actividad económica del país y será necesario tomar medidas más drásticas. Una parte importante de esas medidas tendría que estar dirigida a proveer alivio a los más pobres. No hay duda alguna de que esta pandemia agravará la pobreza en Puerto Rico. Además, puede llegar el momento en que el gobierno tenga que cubrir los gastos operacionales de las pequeñas empresas, pues la alternativa serían más quiebras y más desempleo. Aun aquellos países que tienen discreción para manejar todas sus herramientas de política económica están alarmados por el posible impacto económico del COVID-19. Si eso es así, cuán preocupante será el caso de aquellos que, como Puerto Rico, no tienen esa libertad para ejercer política económica de manera discrecional. Y, como si esto fuera poco, enfrenta una Junta de Control Fiscal cuya función es imponerle al país el pago de una deuda que no ha sido auditada y a la que, aun para utilizar las limitadas herramientas que el gobierno dispone, tiene que pedirle permiso.
Finalmente, en situaciones como esta, la prioridad es atender la salud del pueblo pues sin salud no hay actividad económica. Como ha dicho Nayib Bukele, presidente de El Salvador, “de qué nos va a servir el dinero en la tumba”. Si no se hacen las pruebas no se podrá saber cuán extendido está el virus. Si el país no dispone de los recursos médicos necesarios, no se podrá atacar la pandemia.
