Urgen mayor equidad y acceso a la justicia
La Católica arranca con la II Certificación en responsabilidad pública y gobernanza
La búsqueda de la equidad y el acceso a la justicia, más allá de las claves jurídicas, para lograr crear condiciones estables que promuevan el desarrollo integral ante los momentos turbulentos que enfrenta el país, fue la pauta para el primer conversatorio de la II Certificación en responsabilidad pública y gobernanza. Esta segunda edición, que lanzó hoy la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) libre de costo, despegó con propuestas puntuales para arrojar luz, de la mano de especialistas, a los procesos que contribuyen a fortalecer la equidad y el acceso a la justicia.
Participantes de este primer conversatorio virtual, Equidad y acceso a la justicia, lo fueron la pasada jueza presidenta del Tribunal Supremo, Dra. Liana Fiol Matta; la profesora y abogada, Lcda. Elba Emanuelli; el Lcdo. José Enrique Colón Santana, abogado defensor de los derechos humanos y el decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR, Fernando Moreno Orama.
Los expertos plantearon estrategias encaminadas a alcanzar un mayor acceso a la justicia en la prestación de servicios públicos en beneficio de las comunidades. La exjueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Dra. Liana Fiol Matta sostuvo: “En la rama judicial, del sistema adversativo surgen problemas estructurales como la multiplicidad de casos, el alto costo de los recursos por abogados y peritos que apoyen los planteamientos de las comunidades y el tiempo para obtener una resolución. Esto requiere que los litigados tengan abogados, lo que se combina con el problema estructural de pobreza que resulta en un obstáculo para el acceso a la justicia”, dijo la letrada. Indicó “Los procesos en los tribunales no deben ser procesos adjudicativos tradicionales, fríos y neutrales, por eso es importante la sensibilidad y la capacidad de empatía del sistema. Esta visión de sensibilidad y empatía abre, sin duda, el acceso a la justicia. La equidad es la correctora de la justicia”.
La también profesora de la Escuela de Derecho de la PUCPR hizo referencia a acciones puntuales que ha desarrollado el Tribunal para acercar pasos al acceso judicial. “Se han creado salas especializadas que atienden casos de abuso de sustancias controladas, violencia doméstica, entre otros casos que apoyan a las personas en la solución de sus problemas. En estos casos, la rama judicial se involucra con el problema social y, de esa manera, abre acceso a la justicia. Otro ejemplo es el de los casos de sustancias controladas. Existe un proceso de rehabilitación. El ministerio público solicita al Tribunal el archivo de los casos y en la última sección se desarrolla una graduación donde se comprometen con su rehabilitación. Por lo tanto, no es un proceso adjudicativo tradicional, frío y neutral. Otro de los grandes pasos es formalizar alianzas con organizaciones sin fines de lucro para trabajar por las comunidades y fortalecer los esfuerzos de educación”.
Desde el enfoque académico, el decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR, Lcdo. Fernando Moreno Orama, enfatizó “El acceso a la justicia es un tema relevante que necesita ser discutido y entendido para que las personas conozcan sus derechos y cómo resolver sus conflictos en los foros judiciales o fuera de ellos. La educación jurídica no se debería limitar a las escuelas de derecho sino que se deberian desarrollar programas de literacidad jurídica para la población en general. Las universidades, en particular aquellas que tengan facultades de derecho, tienen una gran responsabilidad en cuanto a ese asunto y deben buscar la democratización de las diferentes instancias del quehacer judicial, particularmente en aquellos asuntos que no involucren la solución de casos y controversias.”
Por su parte, la abogada Elba Emanuelli analizó el rol de la tecnología en los sistemas legales y el impacto en los ciudadanos. “Los medios de comunicación y las redes sociales influyen y moldean las nociones sobre el proceso del sistema de justicia. Igualmente, me preocupa lo que representa el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal. Este sistema les permitirá a los abogados presentar sus alegaciones y documentos electrónicamente. Este tribunal electrónico debería ser un gran avance, pero tengo mis dudas. Para muchos abogados esto es una barrera y se refleja en forma negativa en el ciudadano y en su acceso a la justicia. No todos los abogados son diestros en la tecnología. En otras palabras, los abogados que atiendan a los más vulnerables, serán los que menos podrán acceder a ese sistema. Lo mismo ocurre con la nueva normalidad luego del COVID-19: las vistas por videoconferencia. No todos los ciudadanos tienen acceso a la tecnología y puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia”.
Mientras, el Lcdo. José Enrique Colón Santana, cuestionó “Es costosísimo litigar y es injusto que una persona demandada tenga que pagar por comparecer al tribunal cuando otra persona lo ha llevado. Hay un desbalance. Como parte del Fondo de Acceso a la Justicia, luego de varios tropiezos, se levantó capital para comenzar a distribuir a entidades sin fines de lucro, incluyendo entidades académicas y a otras 33 organizaciones que ofrecen representación legal gratuita para ejecuciones de hipoteca, desahucios y desarrollo económico. El desarrollo económico en comunidades en precario, desde la perspectiva legal, es una aportación necesaria. Otra aportación del Fondo es la creación de una beca que pague el salario por un año a abogados que trabajen en una comunidad sin fines de lucro dando asesoría y orientación legal”.
Este conversatorio da inicio a una serie de dieciséis encuentros con cerca de 50 altas figuras académicas y líderes que se han desempeñado en importantes cargos del servicio público. La II Certificación en responsabilidad pública y gobernanza continuará todos los martes a las 7:00 p.m. y algunos sábados a las 10:00 a.m. hasta el 1 de septiembre de 2020.
Para el presidente de la PUCPR, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, “Este conversatorio abre el análisis con herramientas concretas para comprender, atender y promover las políticas públicas responsables y responsivas de parte de quienes pretendan responder al servicio público del país”.
